Comunidades
La obra no se cae por el precio: se cae porque nadie sabe qué mayoría hace falta ni qué se está votando exactamente. Esto es lo que dice la ley y lo que tiene que llevar el presupuesto.

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Lo marca el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, y no es la misma para todas. Llevar a junta una obra pidiendo la mayoría equivocada es la forma más rápida de perder tres meses.
Art. 10.1 LPH
Las obras necesarias para el mantenimiento, la seguridad, la habitabilidad y la accesibilidad del edificio son obligatorias y no necesitan acuerdo previo de la junta. Si el edificio las necesita, se hacen.
A la junta se lleva el presupuesto y el reparto, no la decisión de si se hace o no. Un vecino no puede oponerse a que se repare una cornisa que se cae.
Art. 17.2 LPH
Suprimir barreras arquitectónicas y, en todo caso, instalar ascensor: basta la mayoría de propietarios que represente a su vez la mayoría de las cuotas. Vale incluso si hay que modificar el título constitutivo o los estatutos.
Y si lo pide un propietario con discapacidad o mayor de 70 años, la obra es obligatoria cuando el importe repercutido al año, descontadas ayudas, no pasa de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Art. 17.2 LPH, redacción del RDL 19/2021
Obras para mejorar la eficiencia energética del edificio o poner renovables de uso común: a petición de cualquier propietario, mayoría simple. Aquí entran el aislamiento de fachada, la cubierta, la carpintería exterior y las placas.
Y hay un detalle que cambia las juntas: si el coste repercutido al año, una vez descontadas subvenciones y aplicada la financiación, no supera nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes, el acuerdo obliga también al que votó en contra.
Art. 17.1 LPH
Infraestructuras comunes de telecomunicaciones, aerotermia, geotermia y otros suministros energéticos colectivos: un tercio de propietarios y un tercio de cuotas.
A cambio, los que no votan a favor no están obligados a pagarlo, aunque pueden sumarse después abonando su parte actualizada.
Art. 17.3 LPH
Portería, conserjería, vigilancia u otros servicios de interés general, y arrendar elementos comunes como la azotea: tres quintos de propietarios y de cuotas.
Art. 17.6 LPH
Modificar el título constitutivo, los estatutos o las cuotas de participación: unanimidad. Es el único supuesto que la exige, y por eso conviene no meter en el acuerdo nada que no haga falta.
Referencias a la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal en su redacción vigente, comprobadas en noviembre de 2026. Es información general, no asesoramiento jurídico: cada caso lo valora el administrador de la finca o un abogado.
Es lo que más obras tumba tres meses después, y casi nadie lo tiene en cuenta.
A los propietarios ausentes se les notifica el acuerdo. Si en treinta días naturales no comunican su discrepancia por escrito, su silencio se cuenta como voto favorable (art. 17.8 LPH). Eso juega a favor de la obra… siempre que la notificación se haya hecho bien.
Si está mal notificada, el cómputo se cae, el acuerdo queda en el aire y la obra se para cuando ya hay andamio puesto. Por eso el acta y las notificaciones son tan parte de la obra como el presupuesto.
Una comunidad no decide como un particular. Decide en junta, con papeles y delante de vecinos que no son del oficio. Un precio a bulto no se puede aprobar: se puede discutir.
Eso es exactamente lo que hacemos: un presupuesto por partidas, con precio cerrado, plazo y garantía por escrito, en formato presentable para que el administrador lo reparta tal cual antes de la junta.
Es la parte que nadie explica en la junta y la que puede salir cara.
Cuando una comunidad contrata una obra en elementos comunes —fachada, portal, cubierta, garaje, ascensor— pasa a ser promotor a efectos del Real Decreto 1627/1997 de seguridad y salud en obras de construcción. Y si contrata directamente a autónomos para ejecutarla, puede considerarse además contratista.
De ahí sale una obligación concreta: hay que designar coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución cuando en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o varios autónomos. Con proyecto o sin proyecto. En las obras que llevan proyecto hace falta además estudio o estudio básico de seguridad y salud, redactado por técnico competente.
La comunicación de apertura del centro de trabajo la presenta la empresa contratista, no la comunidad.
RD 1627/1997, arts. 2, 3 y 4. Comprobado en noviembre de 2026. Información general, no asesoramiento técnico ni jurídico.
Si la obra mejora la eficiencia energética del edificio —aislamiento, cubierta, carpintería exterior— basta la mayoría simple: mayoría de propietarios que represente a su vez la mayoría de las cuotas, según el art. 17.2 LPH. Si la fachada está dañada y la obra es necesaria para la seguridad del edificio, va por el art. 10.1 y no necesita acuerdo previo: es obligatoria.
En las obras necesarias, no. Y en las de eficiencia energética tampoco cuando el coste repercutido al año, descontadas subvenciones y aplicada la financiación, no supera nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes: entonces el acuerdo obliga también al que votó en contra. La cuota impagada queda afecta al piso.
Se les notifica el acuerdo y tienen treinta días naturales para comunicar su discrepancia por escrito. Si no dicen nada, cuentan como voto a favor (art. 17.8 LPH). Pero la notificación tiene que estar bien hecha, porque si no el cómputo se cae.
Mayoría simple: mayoría de propietarios y mayoría de cuotas (art. 17.2 LPH). No hace falta unanimidad, aunque haya que tocar los estatutos o el título constitutivo. Y si lo pide un propietario con discapacidad o mayor de 70 años, puede ser obligatoria cuando no pasa de doce mensualidades ordinarias.
Solo para modificar el título constitutivo, los estatutos o las cuotas de participación (art. 17.6 LPH). Por eso conviene redactar el acuerdo de la obra sin meter dentro nada que no haga falta.
Es exactamente como lo hacemos: por partidas, con mediciones y precio unitario, base imponible e IVA separados, plazo, forma de pago y garantía por escrito, y la parte energética aparte. En formato presentable para que el administrador lo reparta tal cual.
Sí, y es la vía más cómoda. El administrador recibe el presupuesto listo para junta y tiene un solo interlocutor para toda la obra.
Si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y autónomos, o varios autónomos, sí: lo designa la comunidad como promotor, con proyecto o sin proyecto (RD 1627/1997). Es una de las cosas que conviene tener clara antes de la junta y no después.